El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha festejado en la mañana de este miércoles una asamblea de la Conferencia Sectorial de Transportes en la que se ha abordado con los titulares del ramo de las comunidades autónomas la trasferencia de ciento diez millones de euros en ayudas a fin de que las Comunidades Autónomas hagan las convocatorias pertinentes para progresar la digitalización de las Pymes del ámbito del transporte.

Unas ayudas enfocadas a la digitalización del transporte

En la conferencia de prensa siguiente a la asamblea, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha informado sobre los criterios de reparto, que se fijan dependiendo de la población de zona, y los detalles del proceso a fin de que lleguen a las comunidades y urbes autónomas.

Andalucía va a ser la zona que más fondos reciba para la digitalización de las pequeñas y medianas empresas del ámbito del transporte, con un monto total de diecinueve con seis millones de euros. Le prosigue muy de cerca Cataluña, con dieciocho millones de euros, y la capital de España, que va a recibir quince millones de euros.

«Estas ayudas, que se enmarcan en el Plan de Restauración, Transformación y Resiliencia, dejarán a las compañías del ámbito ofrecer un servicio más eficiente, sustentable y moderno»

Raquel Sánchez

Objetivo: Reducir el gasto en transporte público

En la asamblea sectorial asimismo se ha tratado con los titulares del ramo de las comunidades autónomas la reducción del costo del transporte del público, como una parte del bulto de medidas anunciado por el Gobierno para contestar a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

La ministra ha explicado que se han compartido con las CC.AA. los criterios por los que se va a aplicar la reducción en el costo de los títulos de abonos de transporte público.

Hasta 200 millones de euros.

Sánchez ha expresado que esta ayuda, para la que se destinarán desde el Gobierno hasta doscientos millones de euros y que dejará reducir el coste en un treinta por ciento del total, cuenta con un plazo «ajustado mas suficiente» para su puesta en marcha, ya que no va a entrar en vigor hasta el día 1 de septiembre, «coincidiendo con la vuelta de bastantes personas a sus lugares de trabajo o estudio».

Sobre las críticas por la parte de ciertos consejeros de transportes de Gobiernos autonómicos del PP sobre las cuantías, la ministra ha recordado que son las CC.AA. las que tienen las competencias en transportes, por lo que asimismo está en sus manos reducir el costo del abono transporte.

Un importante recorte del 32% para Castilla y León.

En ese sentido, la consejera manifestó que  “en los últimos días la cifra se ha visto modificada” la partida para digitalización del transporte, al modificarse también el criterio de reparto. Explicó que en lugar de tener en cuenta el número de empresas, el Gobierno atenderá a la población de cada territorio para su distribución. Este nuevo criterio, añadió, “perjudica a Castilla y León”, ya que su cuantía se ha visto reducida en un 32 por ciento.

Por ello, pidió “que ninguna empresa se quede sin acceder a las ayudas” y que si este va a ser finalmente el criterio y Castilla y León necesita más dinero “que se le dé”. Así lo trasladó a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que mantuvo una reunión este miércoles con los consejeros de las diferentes comunidades autónomas para abordar este y otros asuntos como la modificación del mapa de transporte del Gobierno, que supondrá la supresión de 346 paradas en la Comunidad, afectando a una población cercana a los 200.000 habitantes.

La consejera considera que el nuevo mapa “supone el desmantelamiento del trabajo realizado por la Junta de Castilla y León”, así como “echar atrás algunas de las líneas que unen nuestro extenso y disperso territorio”. María González Corral y los titulares de esta cartera en otras comunidades solicitaron, durante el encuentro, la convocatoria urgente de un consejo que debata el borrador en el que trabaja el Ministerio.

Por su parte, la ministra Raquel Sánchez defendió que se trata de “un borrador” que “se revisará”. Además, la consejera solicitó aclarar qué abonos de transporte colectivo se beneficiarán del 30 por ciento de descuento del Real Decreto-ley 11/2022 y cuál es el reparto a las comunidades, porque en Castilla y León ya se están bonificando por encima de ese porcentaje e incluso existe uno totalmente gratuito.

Además, exigió conocer los criterios de reparto de los 100 millones previstos para financiar esta medida, cantidad que, de entrada, les parece «insuficiente”.

Las necesidades de ampliación del OSP

Finalmente, la consejera de Movilidad y Transformación Digital también se refirió a la necesidad de ampliar las declaraciones de Obligaciones de Servicio Público (OSP) de los servicios ferroviarios prestados en la red de Altas Prestaciones en la relación ferroviaria Avant, con una adecuada conexión horaria que permita su utilización por viajeros recurrentes en los corredores Sanabria-Zamora-Medina del Campo-Segovia-Madrid, León-Palencia-Valladolid-Segovia-Madrid y Burgos-Venta de Baños-Valladolid-Segovia-Madrid, “para que puedan ser bonificados al igual que el resto”, además de avanzar en los servicios sinergiados, “y en la posibilidad de utilizar los títulos Avant en toda la oferta AVE comercial, tal y como sí se ha permitido en otras Comunidades Autónomas”.